España es el país del mundo con más muertos por habitante a causa del coronavirus, y también el país occidental que ha sufrido un mayor trastorno en sus libertades. Mirando al modelo chino y con la vigilancia coreana en el horizonte, la cuarentena española, a imitación italiana, se ha convertido en un arresto domiciliario de más de 40 millones de españoles.

Para los romanos, inventores de la dictadura, el bienestar público era la ley suprema, pero ¿hasta qué punto pueden restringirse las libertades? Asombra cómo el Gobierno, tras su imprevisión, ha dirigido el Estado hacia la vigilancia del ciudadano. Sorprende también la ausencia de voces críticas. Se han visto afectadas o amenazadas las libertades de circulación, de reunión, de información, las económicas, las relaciones laborales, el derecho de propiedad, la protección de datos, la libertad de información y derechos políticos.

Para el constitucionalista José Manuel Vera Santos, la Ley General de Sanidad permite un confinamiento, «pero cuando la relación entre la salud pública y la libertad se plantea en términos de sacrificio, como antinómicas, estamos ante autoritarismo».

«Es la mayor represión sufrida en democracia. El contenido esencial de las libertades es sagrado y sólo se puede suspender (artículo 55 de la Constitución) en el Estado de Excepción y de Sitio, y no todos los derechos. A cambio, esta suspensión va unida a una exigencia mayor de control parlamentario. Y esto aquí no se ha producido. Si una persona multada acude a lo contencioso-administrativo podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad». Considera que estamos «ante un experimento político tendente a la paulatina desaparición de las libertades públicas».

Carlos Flores Juberías, también constitucionalista, coincide. «Hay algo de experimento. El Gobierno va probando la temperatura. ¿Monitorización? Lo deja caer, por ejemplo, y espera la reacción. Es una labor sistemática al amparo de la lucha contra el coronavirus». Flores teme que se desarrollen instrumentos jurídicos que luego no se deroguen. No es un temor paranoico. En guerras y crisis es cuando el Estado ha incrementado sus poderes.

Flores considera que el Estado de Alarma no ha limitado las libertades, sino que ha establecido una restricción general con excepciones. «Se han tomado las medidas más lesivas del Estado de Excepción sin las garantías del Estado de Excepción. Un ejemplo: más de 400.000 multas (una por cada cien españoles) entre los 600 y los 30.000 euros. Cuando se decreta el Estado de Alarma no se establece el régimen de sanciones y el margen de maniobra es descomunal. El Estado de Excepción exigiría delimitar la cuantía máxima en el Parlamento. De esta forma, la inseguridad jurídica es palmaria. Hasta el que sale con ánimo de vulnerar el decreto tiene que conocer cuáles son las consecuencias. Se ha invertido la relación en la calle: no es el Policía el que nos indica una limitación, ahora ha de ser el ciudadano el que explique qué hace allí». Considera que los incidentes en las iglesias son una consecuencia de esa inseguridad.

Flores recuerda que se han suspendido unas elecciones y que se amenaza el derecho de información «justo cuando el Gobierno controla el flujo de información, su presencia mediática es constante y no hay control político ni calle. Empezamos temiendo al virus y ahora ya hay inquietud por las decisiones del Gobierno».

Carlos Sánchez Almeida, abogado de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, habla de un «Estado de Excepción Digital». «Sánchez iba a derogar la ley mordaza y es la que les está permitiendo poner medio millón de multas». En cuanto a los bulos, «la Ley habla sólo de los que tienen una intención de generar movimientos bursátiles o crear falsas alarmas. En vía civil ya existe el derecho de rectificación y hay un derecho al honor, pero aquí está la Policía patrullando internet. Eso sí, del acoso cibernético no se dice nada. Cada mañana hay bots persiguiendo al disidente en las redes sociales. En mis 33 años de profesión no he visto cosa semejante. En cuanto al fact-checking, la verdad periodística es, por definición, subjetiva. Que el Gobierno la determine es un doble delirio». El Gobierno habló de ello, el CIS ha preguntado y RTVE ha creado un espacio de verificación. El PSOE lo llevó a la Fiscalía.

Almeida señala otros peligros, la geolocalización, que exige orden judicial y caso por caso, la posible creación de certificados de inmunidad o el acceso a nuestros datos por empresas privadas. «La judicatura ha de ponerle freno. Es terrible cómo la sociedad española se ha dejado poner el yugo».

Preguntado por ABC sobre esta actitud española hacia la libertad, el filósofo Antonio Escohotado contesta lacónico: «Blandiblú. Invertebración». Asiste «estupefacto» a lo que sucede. «Parece una preparación. Un momento de transición muy rápida, demasiado rápida, hacia otra cosa». No cree, eso sí, «que aquí pueda montarse un chavismo fácilmente».

Para el profesor de políticas públicas, Miguel Anxo Bastos, «cierto grado de restricción de las libertades era necesario, pero se ha incidido más en la la sanción que en promover hábitos individuales como en otras partes. Si se lo explican, la sociedad española sabría comportarse. Si no, siempre decidirán por nosotros».

Bastos ve algo más que paternalismo, que un trato propio del menor de edad. «El Estado ya era propietario de nuestros bienes, como bien apuntó Pablo Iglesias con su referencia a la Constitución. Ahora constatamos que lo es también de nuestras vidas. Incluso, por desgracia, en el sentido literal de decidir quién vive y quién no».

Como expresión del confinamiento, ha surgido el espíritu de los balcones y también la figura del delator, en la que Gabriel Albiac detecta la pulsión de la servidumbre voluntaria: «En la figura del delator emerge un estrato muy hondo de la subjetividad humana. Ante la certeza de nuestra precariedad, sólo hay dos respuestas posibles. O la libertad, o la cesión en una potestad superior que da sentido y permite la salvación. El ejemplo de las sociedades totalitarias indica un perverso sentido de la santidad: ser uno con ese sujeto sagrado, el Estado, de cuya mano, más allá de indignidades, vendrá la salvación de todos. Se entiende en «El cero y el infinito», de Koestler: el envilecimiento puede ser visto como la vía de acceso al paraíso. Y, así, el delator puede darse a sí mismo rostro de mártir: ha sacrificado sus más puras convicciones para salvar a esa comunidad. De su abyección personal vendrá la gloria colectiva. Espantoso. Y muy común».

En parecidos términos, el profesor Dalmacio Negro recuerda a Lassalle, fundador alemán de la socialdemocracia, para quien el Estado era Dios. La situación española no le sorprende. «El modelo de Estado hoy es el napoleónico y evolucionó hacia el actual de Partidos. La docilidad ciudadana es completamente normal. Los europeos han sido educados después de 1945 por el consenso político entre los partidos, dirigido por la socialdemocracia, para ser los buenos ciudadanos que pedía Rousseau. La gestión de la pandemia está suscitando la impresión de que los sacerdotes estatales son bastante incapaces frente a los virus, con el peligro de que fermente un ateísmo antiestatal y se una a los populismos antisistema».

En España observa el resultado de un proceso «que desarrolla el preámbulo de la Constitución de 1978, formalmente una Carta Otorgada: “establecer una sociedad democrática avanzada”. Un concepto leninista. Es posible que la finalidad del Estado de Alarma interpretado como arresto domiciliario por Sánchez consista en poner fin a ese proceso».

En el contexto de la pandemia, la situación española presenta una particularidad, la vanguardia de algo. «Se dice que es un Estado fallido como si fuese la descomposición de lo logrado desde el 78. Al contrario. España se adelantó históricamente, no es la primera vez, inventando el Estado de las Autonomías. Cabe pensar que este Estado democrático avanzado dirigido por Sánchez se consolide tras la experiencia de la pandemia como el primer Estado Feudal en sentido estricto o como un Imperio formado quizá por diecisiete naciones-estado».

Una libertad que se quita tan rápido, ¿es propiamente nuestra? Dalmacio Negro responde con un punto de ironía. «Decía Schiller: “La construcción de la auténtica libertad política es la más completa de todas las obras de arte”. La libertad política, garantía de las libertades sociales y personales, no existe desde hace tiempo en España. Y da la impresión de que la idea rectora del profundo pensamiento político del Dr. Sánchez apunta a “instalar”, como diría Julián Marías, la verdadera libertad de Marx, que es la igualitaria, ayudado por el también Dr. Iglesias. Mientras tanto, como le dijo Lenin a Fernando de los Ríos, “libertad, ¿para qué?”».

Artículo original publicado en ABC el 19 de abril de 2020.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies