¿Por qué el Gobierno actuó tarde, muy tarde, en la toma de decisiones para atajar la crisis sanitaria, a la luz de informes internacionales y de lo ocurrido en Italia? La respuesta a la cuestión planteada respecto a la inacción gubernamental es doble: la incompetencia de nuestro gobierno y la política mal entendida, es decir al servicio de bastardos intereses partidistas.

La culpa no la tienen personas que asesoran pero que no deciden. No caigamos en la trampa que nos están tendiendo. Los únicos responsables políticos y jurídicos, para lo bueno y para lo malo, se sientan en el Consejo de Ministros. ¿Por qué el Ejército, ese “gasto superfluo”, actúa antes en unas regiones que en otras, sin otros motivos que no “enfadar” al gobierno nacionalista de turno? ¿Indican algunos informes que desconozco que el virus discrimina por ideología, maldad o estulticia? Aparte de la indignidad que supone esa expresión, la solución a esta pregunta quizás tenga que ver con el ¿necesario? mantenimiento de los apoyos al Gobierno por parte de algunos partidos nacionalistas.

Recuerde el señor Sánchez que el Partido Popular y Ciudadanos, ya le han ofrecido su apoyo ante esta situación tan crítica, como debe ser. Y no se han echado a la calle, como sí hicieron otros ¿recuerdan? para socializar el dolor (seguro que también recordarán esta expresión tan descriptiva de la ultraizquierda cavernaria).

Haciendo de la necesidad virtud, es el momento de que Sánchez abandone esos apoyos tan dañinos para la convivencia que le auparon a La Moncloa y, sobre todo, de que el PSOE recobre la cordura y la centralidad que ha perdido hace años. Desde aquí y, como siempre, mi apoyo a tanto “gasto superfluo” que se está dejando la vida por nosotros, como siempre, en las misiones en el exterior y dentro de una España que sabe agradecer su trabajo a un Ejército y a unos sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que siguen velando por la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos, sin distinción de bandería alguna.

¿Por qué algunas regiones llevan varios días realizando test a sus ciudadanos y no los han cedido, como debían haber hecho, a colectivos sanitarios de toda España y, posteriormente, a regiones más necesitadas para controlar la expansión del virus? Andalucía ha reaccionado bien. Esta respuesta, aparte de la insolidaridad que conlleva la situación descrita, afecta al fondo de la cuestión y nos lleva a un tema nuclear

Me da la sensación que cada dirigente regional solo vela por los propios “parroquianos”, olvidándose de los demás, del interés general. Es algo tan cuestionable como la incapacidad del Gobierno español para adquirir materiales que sí logran las regiones. Y, pone de manifiesto que es absolutamente falso que exista un Sistema Nacional de Salud ¡Existen diecisiete sistemas, insolidarios entre ellos! Y eso no se puede ni debe permitir. Es la sociedad civil, médicos y enfermeras voluntarios, empresas privadas, la que está resolviendo este problema de personal sanitario y de desabastecimiento de material básico.

Que lo ocurrido ahora nos abra los ojos para que mañana, si existe una epidemia de gripe, ébola, o de lo que sea, no haya que esperar a la declaración del estado de emergencia para que el Gobierno pueda actuar con diligencia ¡No podemos seguir así! Urge ya una nueva redefinición competencial en materia sanitaria, como en otras muchas cuestiones (educación, justicia, seguridad) para lograr una libertad e igualdad real y efectiva de todos los españoles.

Por cierto, no quiero olvidarme en este punto de mostrar mi apoyo a todo el personal sanitario que debería haber sido el primer recipiendario del material que requieren para el desempeño de su servicio, viniera de donde viniera, lo comprase quien lo comprase, posibilitando así su propio cuidado y el de los pacientes a los que tratan. Lamentablemente no ha sido así. ¿Por qué la censura a la asistencia de la prensa en las declaraciones públicas gubernamentales? Me parece inconcebible esta mordaza a los medios de información, mucho más en esta situación de asunción de plenos poderes por el Gobierno. Nos encontramos ante una decisión política tendente al logro del control del relato, que dicen los entendidos.

Desde el punto de vista constitucional la libertad de información no solo es un derecho constitucional sino una garantía institucional, es decir y para entendernos, una materia que no solo afecta a los individuos como tales sino a la sociedad en general, a las propias entrañas de un Estado, si quiere ser tildado de democrático. Y no creo que valga explicación “científica sanitaria” alguna. Estoy de acuerdo en establecer criterios sanitarios respecto a las condiciones de acceso de la prensa a las declaraciones gubernamentales, pero que no se impida esta garantía política. Si, dependiendo de los casos, unos pueden saltarse las cuarentenas, no confinemos la libertad de prensa en la leprosería de preguntas enlatadas, previamente espulgadas. De ahí al “Aló Presidente” venezolano o a las diatribas del sátrapa Castro, hay un paso muy corto.

Como defensor del Estado de derecho y de la democracia, quiero concluir recalcando que cualquier ordenamiento jurídico, desde el tiempo de Pericles, tiene respuesta clara a estas situaciones, también las de emergencia: cumplimiento de las leyes y la consiguiente asunción de responsabilidades de los gobernantes. Además del sentido común, así lo recuerda el propio artículo 116 de la Constitución, indicando en su apartado sexto que “la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.”. Unas responsabilidades que pueden, y deben ser, políticas, motivadas por la inacción previa del Gobierno y, después por su incapacidad de gestión, sí.

Pero las conductas antes descritas también conllevan responsabilidades jurídicas, es decir, exigibles ante los tribunales en los diferentes órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso administrativo… Tanto las unas como las otras habrán de sustanciarse en el momento oportuno que, sin duda, no es este. Pero, estoy seguro, se sustanciarán.Esa es la grandeza de estar gobernados por leyes y no por hombres. Por eso, destacaban los atenienses hace veinticinco siglos, que todos sus conciudadanos se encontraban sometidos a la ley. Como ocurre hoy en España, como en cualquier estado democrático y de derecho que se precie de tal grandeza.

Artículo original publicado en el diario La Razón el 25/03/2020

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