Me siento muy orgulloso de la universidad española, de su misión docente e investigadora, de su labor vertebradora y de mejora social, de su lucha por la libertad y la igualdad, de su vertiente transformadora. Tengo el privilegio de vivir todo ello en directo. Por eso no me resulta extraño que un grupo de estudiantes de las universidades de Cataluña se estén rebelando frente al totalitarismo independentista de ultraizquierda. Tan satisfecho estoy de ellos como asqueado por el comportamiento de las doctas autoridades que ultrajan la toga y la muceta. El cambio de los atributos académicos por la capucha y el cóctel molotov que los indignos rectores de las universidades catalanas han realizado, resulta absolutamente deshonroso para la universidad y la sociedad española y catalana.

Los cambios en el sistema de evaluación aprobados en las universidades catalanas conculcan la seguridad jurídica, segregando de nuevo social política y educativamente entre «los nuestros» -es decir «kale borrokas» esta vez con barretina- y los traidores «botiflers» que lo son por no quemar sus ciudades, acudir a clase, experimentar en sus laboratorios… y enfrentarse valientemente a un totalitarismo tan violento como el que se vive en ese antes oasis burgués catalán. Se prima al incumplidor y, con ello, se castiga al que cumple con sus obligaciones. Es ese mundo al revés con el que nos obsequia el independentismo, qué duda cabe.

Sin valorar su calificación jurídica como desviación de poder o prevaricación, nos encontramos ante una nueva indignidad social perpetrada en las antes sacrosantas aulas en la que se transmite el saber y la ciencia. Y es que, con medidas como la que se critica, lo que se intenta es legitimar unas manifestaciones que, además de violentas, resultan contrarias al ordenamiento constitucional. Nos hallamos de nuevo ante un evidente supuesto de conculcación de derechos y libertades propio de los regímenes liberticidas. Y, otra vez ¡el Estado ni está ni se le espera! Amparados en el manoseado principio de la autonomía universitaria, nadie parece que pueda hacer nada ante tamaños desmanes. Si es así, algo hemos hecho mal y tendremos que reformar las leyes para evitar estos desafueros. Y, desde luego, examinar a los estudiantes de manera diferente según si participan o no en manifestaciones, sean del signo que sean, crea una distorsión de la realidad impropia del ámbito académico que, se supone, parte de la racionalidad. Sin perder de vista la falta de coherencia y de responsabilidad de los propios estudiantes que, si hacen huelga o no la hacen, deben ser conscientes de las consecuencias de sus actos, digo yo. De lo contrario se terminará aprobando una asignatura acreditando la asistencia a según qué manifestaciones.

No podemos seguir así. En España nos hemos acostumbrado a ver pasear al rey desnudo de aquél cuento de Andersen y, además, alabamos sus inexistentes ropajes. Lamentablemente muy pocos se atreven a señalar que el traje nuevo del emperador no existe ¡que el interfecto va en cueros!. Y esa minoría clama en un desierto político y social que, con rapidez, les excluye de lo políticamente correcto.

Pues bien, estos valientes estudiantes, que lo son simplemente porque quieren cumplir con sus obligaciones académicas y cívicas, que no desean ser utilizados por el independentismo segregador, hoy disfrazado con birrete y puñetas, son quiénes nos están denunciando la indignidad frente a la que ellos se sublevan y ante la que no podemos quedar indiferentes. Y es competencia del Estado protegerles y, amén de posibilitar su seguridad física, lograr que puedan acceder a sus clases con total libertad. De ahí que se debe acabar de una vez por todas con la obsoleta costumbre, sin base legal alguna, de que la policía deba pedir permiso ¡al rector! para entrar en cualquier universidad. El feudalismo acabó hace siglos. Los derechos y libertades de los ciudadanos son conquistas que no se pueden perder.

La universidad en general -y la catalana en particular, fiel reflejo de una sociedad enferma- resulta muy dada a los silencios. No es mi caso ni lo será nunca. Todo mi apoyo a los valientes que señalan la desnudez del mandamás. Todo mi desprecio cívico y académico para los mandarines universitarios que deberían dejar de serlo por la prostitución a la que someten a la «alma mater» y a unos estudiantes y profesores que no se lo merecen.

Esta situación no es sino la punta de un iceberg que amenaza con reducir nuestra libertad a la nada, amparándose en unos derechos «de la tierra» que sepulta los del individuo. Es evidente que las decisiones a adoptar deben ser mucho más estructurales que circunstanciales. Pongámonos a ello. Mientras tanto, como poco, denunciemos la iniquidad. Quien calla, otorga. Callan y otorgan el Gobierno, los sindicatos, las organizaciones empresariales, muchos partidos políticos, hasta la Conferencia de Rectores de España ¿dónde están? Yo ni callo ni otorgo ¿tú que vas a hacer?

Artículo original publicado en el diario El Independiente el 04/11/2019, puedes consultarlo aquí

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